Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y Amnistía Internacional, pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) que actúe ante la ola de arrestos y represión en Venezuela luego de la elección presidencial del 28 de julio.
“Es hora de la justicia”, dijo Almagro, quien adelantó que pedirá a la CPI que determine responsabilidades y órdenes de captura contra Nicolás Maduro y otros chavistas por lo que consideró graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
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En concreto, el uruguayo exhortó al fiscal de la CPI, Karim Khan, este viernes, 9 de agosto, a «actuar en Venezuela».
“Exigimos a las autoridades liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos de forma inmediata e incondicional”, demandó por su parte Amnistía Internacional.
La ONG Foro Penal informó este mismo viernes, que según su última actualización en el país se han detenido al menos 1.263 personas en el contexto de las protestas ciudadanas tras el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro, declarado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin publicar las actas de las mesas de votación.
En el balance, difundido a través de la red social X (Twitter), se señaló que de los privados de libertad, al menos 100 son adolescentes.
Asimismo, se precisó que el Distrito Capital ocupa el primer lugar en el número de detenciones con 230 personas encarceladas, seguido por Carabobo con 197. Anzoátegui ocupa el tercer puesto con 114 arrestos.
En tanto, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pidió el respeto a “la voluntad del pueblo” y sus “derechos constitucionales”, y exigió el cese de la “represión” y de la “persecución” contra la ciudadanía que protesta pacíficamente.
El chavismo, en cambio, indicó que los detenidos de estas últimas semanas en el marco de las protestas cometieron acciones “criminales” y “terroristas”, entre ellas, supuestos ataques contra centros electorales y otros espacios de instituciones públicas.
De hecho, el chavismo contabiliza la cantidad de detenidos en más de 2.200 personas, que advirtieron puede ser recluidas en cárceles de máxima seguridad del país, como las de Tocuyito (Carabobo) y Tocorón (Aragua).
