La jueza Keidimar Ramos Castillo ordenó que siete adolescentes de entre 15 y 17 años tendrán que enfrentar juicios por terrorismo en relación a las protestas ocurridas luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Los menores también enfrentarán cargos por incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad. La jueza les propuso declararse culpable y cumplir una pena de 6 años y 8 meses, sin beneficios procesales, reseñó El Carabobeño.
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No obstante, les informó que si se declaraban inocentes tendrían que ir a juicio y podrían enfrentar hasta 10 años de prisión, que pidió la Fiscalía. Ninguno se declaró culpable por lo que ahora pasarán a juicio.
Entre los detenidos hay una niña de 16 años. A todos los arrestaron entre el 29 y 30 de julio y se encuentran en Carabobo.
De acuerdo a las declaraciones de sus familiares recogidas por El Carabobeño, todos sufrieron torturas en sus respectivos centros de reclusión. Durante varios días recibieron golpes, perdieron dientes o sufrieron quemaduras por electricidad.
Finalmente esto cesó cuando accedieron a grabar un video en el que decían que les pagaron 30 dólares por protestas, según añadieron los familiares.
Además, la justicia les ha negado los exámenes forenses que comprobarían estas denuncias de tortura.
NO TIENEN DEFENSA PRIVADA
Los familiares de los adolescentes denunciaron que la defensora pública hizo intervenciones menores a los dos minutos. Además, dijeron que no consignó ante la jueza todos los documentos que le entregaron para probar la inocencia de sus hijos.
Posteriormente, la jueza informó que todos tendrían que ir a juicio. Esta audiencia se llevó a cabo 62 días después del arresto, y no a los 10 días que exige la ley de la República.
Dos de estos menores manifestaron sus pensamientos suicidas al no entender por qué les están haciendo esto. Los padres ni siquiera han podido ver el expediente de sus hijos.
«Hemos solicitado el expediente infinidad de veces y siempre nos dicen que no se puede porque es ilegal. ¿Por qué es ilegal si ellos son menores de edad y nosotros somos parte del proceso?», se preguntan.
Mucho más lejos parece la posibilidad de que puedan gozar de un abogado privado que los defienda como garantiza la ley en Venezuela.
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«Tenía la esperanza de que me lo entregaran para llevarlo al colegio. Él está deprimido, cada vez que me ve me dice: ¿Mamá pero por qué yo estoy aquí si yo no he hecho nada? Él es un niño, tiene tanta depresión que no se quiere ni bañar, yo le llevo la comida y la regala porque no quiere comer», contó una madre entre lágrimas.
Entre los adolescentes arrestados también está un integrante del equipo juvenil de Carabobo en Tenis de Mesa.
La madre de otro joven denunció que es músico y lo detuvieron junto a su amigo cuando venían de ensayar. «En la audiencia se dijo que él había sido detenido frente al Fuerte Paramacay. Eso es falso», dijo la mujer.
Sobre la niña detenida, había ido a comer perros calientes con otros tres amigos cuando los vieron unos hombres encapuchados que los llevaron al Fuerte Paramacay. Un hombre vestido con uniforme militar le dijo que si se acostaba con él le daba la libertad, denunció su madre. Al no lograr el cometido, se apoderó del teléfono de la joven, quien fue golpeada y obligada a grabar un video acusando a la hermana de María Corina Machado. «Mi hija tenía pestañas postizas y se las arrancaron».
«Con las costillas y brazos golpeados la metieron en un cuarto lleno de piedras, junto a otros detenidos. Duró tres días sin comer ni tomar agua. Hoy está junto a mujeres mayores de edad presas por diferentes delitos, que la han golpeado. Una vez intentó suicidarse y hace unos días me dijo que está cansada de estar allí, que no quiere seguir así», añadió su madre.
